Las relaciones secretas entre los círculos de amigos y familiares del ex-dictador chileno Augusto Pinochet y los del ex-presidente argentino Carlos Menem en torno a oscuros negocios de armas y drogas, en los que aparecen citados el conocido traficante sirio Monzer Al Kassar y el Procurador general de Argentina, Nicolás Becerra, es la trama del libro "La delgada línea blanca: narcoterrorismo en Chile y Argentina", escrito por los periodistas Juan Gasparini, argentino residente en Ginebra, y Rodrigo de Castro, chileno. El libro fue presentado en Ginebra el pasado 26 de febrero en el Club Suizo de la Prensa. A continuación reproducimos la intervención de Juan Gasparini.  

 TRAMA DE "LA DELGADA LÍNEA BLANCA"

Este libro, constituido de dos partes, fue presentado en Santiago el 30 de noviembre de 2000 y se publicó en Argentina el 10 de diciembre del mismo año. La parte chilena ( de la página 17 a la 174), escrita por Rodrigo de Castro, demuestra claramente que los militares de su país, además de violar los derechos humanos, recurrieron al tráfico de armas y drogas como medio de financiamiento. Esta demostración involucra a varios grupos criminales, en particular el clan Pinochet dirigido por los dos hijos del dictador y por Yamal Bathich, hombre de negocios de origen sirio. Según las autoridades chilenas, Bathich representa en Chile los intereses de su primo Monzer Al Kassar, un narcoterrorista establecido en Marbella, España, quien fue condenado en confiscación en Ginebra el 22 de noviembre de 1999 por tráfico de armas. La parte argentina del libro, escrita por Juan Gasparini (de la página 179 a la 283) resume la trayectoria criminal de Al Kassar, nacido en Yabroud, Siria, que es también lugar de orígen de los padres de Carlos Menem, presidente argentino entre 1989 y 1999.

En esta segunda parte se aborda el tema, entre otros, de los medios irregulares que fueron empleados por Al Kassar y otros cinco árabes de Marbella, algunos de ellos implicados en la venta de armas y en casas de juego a fin de ser naturalizados argentinos entre 1986 y 1992, lo que fue posible, gracias a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza, dirigido por el abogado Nicolás Becerra, quien desde 1997 desempeña el cargo de Procurador General de la República Argentina y desde el 5 de diciembre de 2000 el de Presidente de la Asociación Interamericana del Ministerio Público que incluye España y Portugal. Desde entonces, los siete procedimientos de naturalización han sido anulados y hasta hoy se encuentra abierta una acción penal contra Al Kassar en los tribunales federales de Buenos Aires.

Esta parte del libro explica también la desaparición de la carpeta con informes sobre Al Kassar, ocurrida en los órganos de seguridad de la República con objeto de evitar toda condena judicial, hecho producido con la complicidad personal de Carlos Menem y de funcionarios de su gobierno: Hugo Anzorregui, jefe de los servicios secretos (página 208); José Luis Manzano, Ministro del Interior (páginas 239, 243 y 245); Germán Moldes, secretario de Estado para la Inmigración (páginas 241 y de la 244 a la 246).
Esta investigación reúne igualmente los indicios recogidos en la Argentina concernientes a la presunta participación de Al Kassar en los dos atentados
antisemitas perpetrados en Argentina n 1992 y 1994 (de la página 207 a la 216).

La impunidad de Al Kassar en Argentina estuvo garantizada por las intervenciones de Becerra a la cabeza de los procuradores del país (de la página 240 a la 246). El capítulo 8 (de la página 247 a la 266) dedica una corta biografía a ese abogado que llegó a ser Procurador de la Nación y cuya actividad pública favoreció a individuos que cometieron actos graves de corrupción. Por otra parte, su reputación está empañada por compromisos a favor de la dictadura militar 1976-1983, en particular con el antiguo almirante Eduardo Massera, uno de los jefes de la Junta Militar del golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976.

Asimismo, gracias a Becerra y a algunos de sus amigos abogados (página 260), el banquero argentino Raúl Moneta pudo escapar a una orden de arresto y
beneficiarse con la intervención de un juez que le fue favorable en la quiebra bancaria más espectacular del período de Menem : la desaparición de 2 mil millones de dólares (página 257 a la 262). En el informe preliminar del Senado de los Estados Unidos, el 5 de febrero de 2001, se identificó a
Moneta, en su calidad de propietario del Banco República, como uno de los responsables más importantes de lavado de dinero desde la Argentina, en complicidad con la Citybank de New York, la cual se cifra en 4.500 millones de dólares. Ese escándalo, que fue objeto de un informe complementario por
parte del Congreso americano el 2 de marzo 2000, es posterior a la salida del libro. Entre las pruebas que fueron aportadas a los senadores por dos
diputados argentinos, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez. figuran tres sociedades implicadas en el lavado de dinero, las mismas que son citadas en la obra.

A fin de no revelar lo que se preparaba en el Senado, se hizo mención (página 216) de que " los legisladores argentinos hacían investigaciones" sobre dos sociedades off-shore domiciliadas en Uruguay, Daforel y Elthan Trading. Estas últimas están dirigidas por Yalal Nacrach, sobrino del presidente Menem, sospechoso de tráfico de armas y de participación en los atentados antisemitas en Argentina.

A esta revelación, que en el libro anticipa lo que se preparaba en Washington, se añade una tercera sociedad uruguaya, la Seabrook (páginas 239 y 281), cuyos titulares son Nicolás Martín Becerra, hijo del Procurador y José Luis Manzano, antiguo Ministro del Interior de Carlos Menem. La Seabrook está acusada de haber introducido secretamente 400 millones de dólares en Argentina, fruto de las comisiones ilegales percibidas en la década de Menem, durante la privatización de las empresas públicas; esto fue hecho mediante una operación de capitalización disimulada para
consolidar un grupo económico, líder en los medios de comunicación dirigido, por
supuesto, por Manzano y Becerra.

Según el departamento legal del editor, ninguna querella ha sido presentada contra "La delgada línea blanca", a pesar de las numerosas amenazas publicadas
en la prensa, en Chile y Argentina, las mismas que son atribuidas a diferentes gángsteres y al propio Becerra, quien finalmente renunció a demandar judicialmente a la obra.