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| Los gobiernos de 35 países que participaron en la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo Santiago de Chile, del 5 al 7 de diciembre 2000-, reconocieron que la historia continental no ha sido de inclusión y respeto para todos los pobladores, sino caracterizada por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y distintas formas de intolerancia, las cuales persisten a pesar de que en todas las constituciones nacionales existe el derecho de todos los pueblos a vivir en sociedades libres de esos flagelos; a su combate, se comprometieron a dedicarse sin reservas. |
El racismo, confirmaron los gobiernos, tiene como principales víctimas a pueblos indígenas, a los afrodescendienes y a migrantes. La plataforma común de las Américas en el combate al racismo se fundamenta en que la negación de la existencia de discriminación y racismo a nivel del Estado y de la sociedad, así como la pobreza, contribuyen a la perpetuación de esas prácticas. Lo esencial de este reconocimiento para las Américas puede circunscribirse a un hito continental pues es la primera ocasión en que políticamente los gobiernos del área no solamente aceptan la existencia de una discriminación institucionalizada contra los pueblos indígenas y afrodescendientes sino que establece reparaciones por los sufrimientos y daños causados desde la época del llamado descubrimiento del Nuevo Mundo. Las reparaciones a las que aludieron no llegaron a especificar la compensación económica, demandanda por los representantes sociales de países con ascendencia africana o víctimas del colonialismo español, pero sí establece reparaciones por medio de programas económicos, culturales, educativos y administrativos, que hasta ahora no habían sido aceptados. |
Más de quinientos delegados de 35 países muchos a nivel de Secretarios de Estado- reconocieron que la identidad de las Américas no puede disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, multicultural, multilinguistíco y pluralista; esta diversidad social dijeron- constituye un aporte a la convivencia humana y a la construcción de culturas de respeto mutuo y de sistemas políticos democráticos.
La Declaración de Santiago y el Plan de Acción para las Américas fue adoptada por consenso de los participantes al cierre de la Conferencia Regional; incluye las "especificidades" de la región: el racismo contra pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes así como establece acciones afirmativas en los ámbitos políticos, judiciales, administrativos, de la economía y la sociedad con los cuales habrá de remediarse una situación que aparenta subsistir desde 1492, aún en las sociedades industrializadas en el norte del continente y en la cual se incluye a las mujeres, niños, a personas portadoras del HIV, enfermas de Sida y a los grandes grupos poblacionales sumidos en la pobreza y la pobreza extrema, agudizada por la mundialización.
Ambos documentos serán presentados a la Conferencia Mundial contra el Racismo, en Sudáfrica en 2001, como el aporte de la región al análisis del racismo y propuestas de soluciones para eliminarlo. La conferencia que se realizará en Durban, del 31 de agosto al 7 de septiembre, es la tercera que organiza la Organización de las Naciones Unidas; la primera fue enmarcada en la lucha por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos mientras que la segunda tuvo como escenario la lucha contra el aparthaid en Sudáfrica.
Los resultados de Santiago fueron producto de una avasalladora negociación en la que fueron actores principales Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Barbados y Jamaica; uno de sus triunfos mayores fue la aceptación que los indígenas no son poblaciones, sino pueblos al ser aceptado ayer por Estados Unidos. En el mismo renglón de logros, el reconocimiento a un pasado histórico "moralmente reprobable" y que, si ocurriese hoy, los actos de conquista, esclavitud o servidumbre serían considerados crímenes contra la humanidad; y, además, la aceptación de que los pueblos indígenas originales y los afrodescendientes tienen derecho a la reparación por daños que les fueron causados a lo cual, Canadá y Brasil, expresaron sus reservas.
Aceptando pues la institucionalización de esa discriminación, condena el racismo respecto a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos civiles y políticos, con temas afines como el derecho a participar en procesos electorales, presentarse a ocupar cargos públicos y participar en la administración, en el acceso a la justicia y aplicación de la ley.
Vincula la democracia con la lucha contra el racismo y expresa su determinación de prevenir y mitigar los efectos negativos de la globalización porque podrían contribuir a homogeneizar las culturas y la desigualdad económica.
Para las acciones afirmativas, los gobiernos se comprometieron a darle mayor prioridad y recursos, incluyendo financiamiento fresco, a los proyectos a favor de los pueblos víctimas así como promover la cooperación regional e internacional con ese objetivo.
El Plan de Acción incluye, en consecuencia, que los Estados reconociendo oficialmente la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, adoptarán conjuntamente con ellos, las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para promover, proteger y garantizar sus derechos y libertades fundamentales. No solamente en el ámbito social y cultural sino en las actividades económicas y empresariales.
Insta asimismo a la pronta conclusión de las negociaciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se discute en el seno de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos y a la pronta ratificación de instrumentos internacionales especialmente la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.
El tema de los afrodescendientes ocupó buena parte de las negociaciones sobre la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo hasta que se logró reconocerlos como grupo de prioridad; al respecto, los gobiernos harán censos que les den visibilidad para poder concertar programas y pidieron a la ONU el establecimiento de un grupo de trabajo sobre afrodescendientes y un centro de estudios ; multirraciales.
Otro tema de avance continental fue el de los migrantes. Los gobiernos se comprometieron a enmendar sus políticas de inmigración para eliminar toda discriminación, garantizar que la policía y las autoridades migratorias respeten las reglas básicas de trato digno a los migrantes, velar por el establecimiento de legislaciones nacionales que garanticen a los migrantes sus derechos económicos, sociales y culturales y promover políticas de integración. El tráfico de migrantes obtuvo una condena unánime. Respeto a la Convención de Viena y estímulo para la pronta entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migrantes fueron recalcadas.
El combate al racismo que se está propagando con el uso del Internet fue tomado como prioridad así como la promoción de la tolerancia a través de la educación y de los medios de comunicación.
En suma, en Santiago, se logró que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia sean consideradas como delito, que los responsables de esos crímenes sean penados conforme a la ley, y que las víctimas obtengan derecho al recurso judicial y a la reparación.
KYRA NUÑEZ
