Ginebra, V. 26 de octubre
de 2001.
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Queridos amigos,
acompañando el diseño de portada y el prologo del
periodista argentino Joaquín Morales Solá, del
diario "La Nación" de Buenos Aires, tengo el
placer de presentarles "La prueba", investigación
periodística que hemos realizado con mi colega y amigo,
Norberto Bermúdez, referida al pago y cobro de coimas
por la media sanción de la Reforma Laboral votada el año
pasado en el Senado de la Nación de la República
Argentina
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Me permito ante todo recordarles que en 1999,
y también con Norberto Bermúdez, fuimos autores
de "El testigo secreto", que trazó los comienzos
de la lucha del juez español Baltasar Garzón, contra
la impunidad en Argentina y Chile, libro aún en librerias.
En esta segunda ocasión, hemos vuelto a asociarnos profesionalmente,
aprovechando la coincidencia de encontrarnos ambos en la Argentina
durante los momentos cruciales de este escandalo, entre agosto
y diciembre de 2000, cuando tomara entidad el sumario judicial,
y en junio del 2001, circunstancias en que de hecho se cerrara
el citado expediente. Así decidimos escribir este pormenorizado
reportaje que sale ahora en librerias, publicado por Ediciones
B.
Al igual que con "El testigo secreto", la cronica tiene
un relator virtual. Esta vez es un ujier llamado Esteban Lönnrot,
cuya silueta puede recortarse en juzgados, fiscalias y otras
dependencias oficiales, observador privilegiado de las peripecias
que han rodeado al cataclismo institucional que significó
la crisis por las dadivas a los senadores nacionales cuando votaran
la Reforma Laboral, luego que el nuevo presidente, Fernando De
la Rúa llegara al poder a fines de 1999. |
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Puedo anticiparles que en "La prueba" encontraran la
aciclonada historia de las finanzas oficiales y ocultas de la
SIDE, el servicio de informaciones del gobierno que en secreto
pagó los sobornos, y los consabidos perfiles de los dos
últimos jefes de la SIDE, Fernando de Santibañes
y Carlos Becerra.
Aparecen de inmediato las negociaciones clandestinas para concertar
la ley de Reforma Laboral en la Cámara Alta, con la participación
del entonces Ministro de Trabajo, Mario Alberto Flamarique, el
antes mencionado de Santibañes, los dirigentes radicales
Enrique Nosiglia y Federico Storani, junto a los sindicalistas
y senadores implicados en la componenda.
Se describe pormenorizadamente en ese contexto, la evolución
de la causa judicial, con la actuación de los jueces Carlos
Liporaci y Gabriel Cavallo, los fiscales Eduardo Freiler y Federico
Delgado, y el papel en beneficio de la exculpación de los
imputados que jugara la Sala I de la Cámara Federal de
Buenos Aires, y el Procurador General de la Nación, Nicolás
Becerra.
Se analizan enseguida los debates parlamentarios que precedieran
la adopción del proyecto de ley, pasando sin transición
a indagar en las fortunas personales de los legisladores denunciados
por haberse enriquecido ilicitamente gracias a sus votos para
que se promulgue esta norma, a saber: Emilio Cantarero, Remo Costanzo,
Augusto Alasino, Ramon Ortega, Alberto Tell, Eduardo Bauzá,
Ricardo Branda, José Genoud, y los funcionarios senatoriales
asimismo corrompidos por estos sobornos: Mario Luis Pontaquarto
y Antonio Martín Fraga Mancini; y uno de los "ensobradores"
del botin, Jorge Cosci.
Salen también a luz las auditorias de la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) sobre la SIDE, y el enfrentamiento
del titular del organismo de control, Rafael Bielsa, con Fernando
de Santibañes para auditar legalmente los fondos que el
Estado asigna a la SIDE, y las maniobras del Procurador General
del Tesoro de la Nación, Ernesto Alberto Marcer, para que
la SIGEN no cumpla con su mandato.
El libro se sumerge finalmente en el juez Gabriel Cavallo, último
magistrado a cargo de este procedimiento de los sobornos en el
Senado, el juez que paralelamente impulsa la abolición
de las leyes de amnistía en Argentina, lo que merece un
analisis particular. Aún más cuando Gabriel Cavallo
ha sido llamado a resolver sobre las solicitudes de extradición
contra 18 genocidas de Argentina formuladas por el juez español
Baltasar Garzón, quien prosigue la persecución penal
contra el ex-dictador Augusto Pinochet y ciertos ex-represores
en Chile, y contra una centena de militares argentinos.
Desenadoles una buena lectura y saludandolos cordialmente, les
comunico el número de mi telefono movil para evacuar consultas
periodisticas. Juan Gasparini 0041794091830.
Prologo del periodista argentino Joaquín
Morales Solá del diario "La Nación" de
Buenos Aires
En el invierno del 2000, el escándalo de las coimas en
el Senado destapó la crisis política más
aguda que le tocó vivir al primer gobierno de coalición
en la historia argentina. Puede decirse que la coalición,
que había ganado el poder apenas ocho meses antes, quedó
desde entonces definitivamente herida y que, desde el estallido
de ese conflicto, sólo agoniza de manera lenta e inexorable.
Sin embargo, no fue el gobierno de Fernando De la Rúa el
que construyó un sistema de gobernabilidad del país
según el cual los senadores recibían favores personales
a cambio de la aprobación de las leyes que requería
la administración. Tal canje comenzó y alcanzó
su cima más alta y dispendiosa durante el gobierno de Carlos
Menem. La gravedad de esa práctica durante la gestión
aliancista radicó en que ésta había llegado
prometiendo cambiar el viejo orden moral.
En rigor, cuando se habla de los costos de la política
y se enfoca el análisis en el presupuesto oficial de los
organismos del Estado se está equivocando el enfoque y
distrayendo la mirada de la gente de a pie. Los costos reales
de la política son los que provocan está clase de
prácticas, que requieren de caudalosos fondos reservados
del gobierno, o del sometimiento de los legisladores a los intereses
privados y no al bien común.
No es bueno que una sociedad democrática haya puesto en
tela de juicio la credibilidad de toda su dirigencia política,
de la que según la mayoría de las encuestas-
nada espera y de la que nada quiere saber. Pero todo puede explicarse:
el Senado argentino estuvo históricamente compuesto por
dirigentes provinciales hábiles para maniobras políticas
entre muy pocos y con escasas posibilidades de conquistar la simpatía
social.
Cuando no existe un contrato implícito entre los dirigentes
y los dirigidos, el camino de los sobornos y los favores personales
está irremediablemente abierto en la política. El
Senado es un buen ejemplo de ello.
En el caso de los sobornos presuntos por la ley laboral, la prensa
tuvo un papel protagónico, como en verdad lo tuvo en casi
todas las grandes crisis por asuntos de corrupción durante
los años 90. Pero debe reconocerse que el escándalo
habría tenido una repercusión mucho menor en el
plano institucional si algunos dirigentes políticos no
se hubieran puesto luego a la cabeza de las denuncias, aún
corriendo el riesgo de perder sus puestos o de ser discriminados
a partir de ese momento. No toda la dirigencia política
es igual ni el patrón moral es unánime allí.
Los casos más emblemáticos de decisión y
valentía en las denuncias por las coimas en el Senado fueron
el del ex vicepresidente de la Nación, Carlos Álvarez,
y el del senador peronista Antonio Cafiero. Alvarez debió
renunciar luego, en uno de los arabescos de la crisis, al segundo
lugar en el icono republicano, y Cafiero fue claramente segregado
del Senado y de la conducción de su partido, al que está
unido por más de 50 años de militancia.
Otros dos hombres que empujaron el escándalo en la correcta
dirección de su esclarecimiento fueron los fiscales federales
Eduardo Freiler y Federico Delgado, que hicieron mucho más
de lo que les permitía y les convenía dentro de
una justicia dispuesta más a olvidar que a condenar.
La crisis tumbó también a un juez, Carlos Liporaci,
tan vulnerable como muchos jueces designados en la última
década, y modificó un par de veces el gabinete de
Fernando De la Rúa. Esa ola de renuncias y de rupturas,
que conmovió durante meses a la nación política,
plantea la pregunta más elemental y también la única
que no se respondió nunca: ¿Cómo pudo ser,
entonces, que nada haya pasado y que todos fueran inocentes si
cayeron políticos y magistrados sólo con la perseverancia
incansable de una verdad repetida?
Hay algunas preguntas que no se han respondido todavía:
¿Hasta dónde participó el gobierno de De
la Rúa en el armado y consumación de este episodio
que significó la continuidad de una práctica aberrante?
¿Lo supo en algún momento el propio Presidente que
había prometido una moral nueva para la administración
pública?
Sea como fuere, el escándalo de las coimas tumbó
el antiguo paisaje político de la Argentina y mutó
la composición (¿y también las prácticas?)
del viejo Senado. La corrupción está demasiado enraizada
en la Argentina y no terminará tan fácilmente; pero
se sabe, desde el convulsionado invierno del 2000, que existe
el riesgo de una condena pública y de la persecución
de la justicia, cada vez más restringida para disimular
y para proteger.
El libro que se apresta a leer es un buen mapa del conflicto.
Y también una advertencia.
